COMPLICIDAD Y SUMISIÓN

La demanda norteamericana para implantar bases militares en el Ecuador, en momentos que pierde hegemonía a nivel mundial, solo será posible con la complicidad y sumisión de nacionales sin amor patrio.

Analistas estadounidenses, como el propio Noam Chomsky, expresaron su preocupación frente a los avances irreversibles de China, Rusia y el grupo de los, BRICS con serio deterioro en la influencia política, económica y militar de su país, en momentos que, además, mantiene una deuda externa de más de 35 billones de dólares, alrededor del 150 por ciento de su Producto Interno Bruto.

A ese inmanejable problema que amenaza con la quiebra económica del imperio, se añade una desigual distribución de los ingresos y el deterioro de los servicios públicos reflejados en un ejército cercano a los 55 millones de pobres, una cifra parecida de alcohólicos y prostitutas, según entes especializados de las Naciones Unidas.

Ahí, entendemos el interés de la saliente administración Biden y sus agencias de inteligencia, por mantener el dominio sobre América Latina, como proveedor de recursos de la más variada especie, tan necesarios para mantener el dispendioso estilo de vida de la clase privilegiada.

Si el “demócrata” Joe Biden, aplicó mano dura para controlar su “patio trasero”, con medidas de corte genocida contra países contrarios a su visión capitalista neoliberal – Cuba, Nicaragua o Venezuela, por ejemplo – lo que viene con el ultra nacionalista Donald Trump es preocupante, si tomamos en cuenta su decisión de encargar al ultra conservador argentino, Javier Milei, que trabaje para aplicar el modelo “libertario”, en América Latina.

En ese marco debemos entender el deseo de garantizar su hegemonía e implantar nuevas bases en la región y, entre ellas, en nuestro país; aprovechando, además, que tienen a su disposición al presidente Daniel Noboa Azín, un banquero y bananero ecuatoriano con alma norteamericana, nacido en Miami y forjado en el estilo de vida del imperio.

A iniciativas del narco banquero Guillermo Lasso, el agencioso trámite del gobierno actual lograron que, una mayoría cómplice de miembros de la Corte Constitucional y otros antinacionales, aprobaran la denominada Acta de Protección de los miembros de los servicios de Estados Unidos (ASPA) que, entre otras disposiciones violatorias de la soberanía nacional, concede inmunidad diplomática a sus tropas, activas o pasivas; así como a los mercenarios contratados a su servicio.

Con el ánimo de proteger a los gobernantes de turno, entre ellos a sus súbditos y aliados, el 6 de mayo del 2002, denunciaron el Estatuto de la Corte Penal Internacional, suscrito en Roma, el 17 de julio de 1998, abandonando compromisos de, entre otras cosas, respetar la soberanía de los 130 países adscritos al estatuto y garantizar los derechos humanos de los pueblos.

Ese estatuto sancionaba a “cómplices o encubridores”, sean Jefes de Estado o gobiernos, responsables de genocidio, crímenes de Lesa Humanidad, crímenes de guerra y agresión cometidos en el territorio de cualquiera de los estados adherentes y, por acuerdo especial, en el territorio de cualquier otro Estado.

Curiosa y sospechosamente, antes del 11 de septiembre y la demolición de las Torres Gemelas, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la denominada Ley de la Invasión de la Haya, mediante la cual ninguna autoridad de ese país y de naciones aliadas pueden ser detenidos y sometidos a juicio por delitos de genocidio, crímenes de guerra o de Lesa Humanidad.

El cuerpo legal aprobado a instancias de Henry Kissinger, ex directores de la Central de Inteligencia norteamericana (CIA), colaboradores de los gobiernos de Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush y Clinton, protege a sus fuerzas armadas “destinadas a cumplir compromisos de seguridad mundial”, como los perpetrados en Irak, Afganistán, Libia, Gaza, Siria y tantos otros lugares del planeta donde sembraron terror y muerte.

Ellos consideran que el Estatuto de la Corte Penal Internacional “es una amenaza a la soberanía estadounidense y la libertad internacional de acción”; por esa razón, en su Ley de Invasión de la Haya autorizan utilizar la fuerza para “liberar a estadounidenses o ciudadanos de países aliados – léase OTAN – detenidos por el Tribunal Penal Internacional”.

En ese proceso de avanzar y consolidar el proceso de dominación en América Latina y, particularmente en el Ecuador, encuentran aliados dóciles y serviles, como los socialcristianos que declararon abiertamente su disposición para aprobar la implantación nuevas bases militares en el país “siempre que se garantice la soberanía nacional”. Esa tomadura de pelo, se parece a la risible condición del padre que autoriza el matrimonio de su hija, siempre y cuando se garantice la virginidad de la cónyuge.

Recordemos que demócrata cristianos y socialcristianos, a la cabeza el entonces presidente Yamil Mahuad y el ingratamente recordado Heinz Moeller, a la sazón presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso, violentando la ley y con la complicidad de sus coidearios Luis Chacón, Oswaldo Cevallos y Luis Mantilla Anda, vocales del Tribunal Constitucional, aprobaron el acuerdo para instaurar la Base de Manta.

En este rejuego de la geopolítica mundial, Estados Unidos pretende usar Galápagos -  Así lo hizo en la pasada Segunda Guerra Mundial - como plataforma de control y operaciones bélicas apuntando directamente a China y Rusia, sus principales adversarios en caso, a mala hora para la humanidad, se desate una conflagración a escala universal.

Solo la complicidad y sumisión de anti patrias nacionales facilitarán la tarea del imperio y habrán puesto al Ecuador, y sus 18 millones de habitantes, en peligro de convertirse en carne de cañón, sin beneficio de inventario.

El peligro nos invita a preguntar: ¿Están de acuerdo las Fuerzas Armadas? Y, en paralelo, a levantar la consigna para identificar patriotas en defensa de la soberanía, la paz y la vida o a ubicar traidores entreguistas, afectos a la guerra, la muerte y el terror.